¿Intento de ampliar artificalmente la Púnica?

El Juez García Castellón denuncia que Fiscalía intenta ampliar artificialmente la investigación de la Púnica

La Fiscalía achaca la tardanza en concluir la instrucción a la “falta de colaboración de los responsables del Ayuntamiento de Valdemoro”

Redacción/ Valdemoro Digital

El juez Manuel García Castellón que instruye el conocido como caso Púnica en la Audiencia Nacional, ha vuelto a reprochar a la Fiscalía que pretenda “ampliar de un modo artificial» e «indebido” los hechos que se investigan mediante diligencias prospectivas que desbordan con creces el marco de una causa que echó a andar hace ya ocho años.

Estos argumentos con los que el magistrado Manuel García Castellón ha rechazado varias de las diligencias solicitadas por el ministerio público en el marco de la pieza número 4, en la que investiga si la trama, con el exconsejero madrileño Francisco Granados, amañó el planeamiento urbanístico de Valdemoro.

Aunque no se ha opuesto a todas. El juez sí que ha aceptado volver a reclamar al consistorio valdemoreño que entregue una serie de documentación y citar como testigos a dos técnicos, de acuerdo con el auto, al que ha tenido acceso la agencia Efe, en el que prorroga estas pesquisas hasta el próximo 29 de octubre.

Esta pieza es una de las pocas que se siguen instruyendo en esta causa, que motivó la entrada en prisión provisional de Granados y que, años después, reunió a tres expresidentes de la Comunidad de Madrid -Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes- entre sus investigados por otra de sus piezas, la número 9, relativa a una presunta financiación irregular en el PP regional.

La última fue eximida por el propio juez hace más de un año, y la Fiscalía quiere que se haga lo mismo con los dos primeros debido a la falta de indicios y a la prescripción de algunos delitos. A diferencia de ellos, el fiscal ha pedido procesar por falsedad electoral en los comicios autonómicos de 2011 a Granados y al exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez.

La decisión está en manos del magistrado García Castellón y no se espera, previsiblemente, hasta la vuelta del verano, según informarón a Efe fuentes jurídicas.

Por el momento, antes de acabar el mes de julio, el magistrado acordó seguir investigando -a petición de acusaciones como la Fiscalía o la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), entre otras- al menos tres meses más la posible manipulación del planeamiento urbanístico de Valdemoro para que «la trama se enriqueciese».

Según la tesis de Fiscalía, en torno a 2004 existió un “plan preconcebido” por parte Granados con otros investigados como el empresario David Marjaliza -que está colaborando con la Justicia-, el exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno y un constructor.

Responsables municipales “habrían emitido en cada operación urbanística informes amañados favorables a su aprobación”. “Esto, por manipular a favor de la misma el planeamiento urbanístico de Valdemoro y concertar la venta o cesión del suelo público, cobrando ingentes comisiones por todo ello, en severo detrimento de las arcas públicas de aquel Ayuntamiento”, indica Anticorrupción.

La Fiscalía achaca la tardanza en concluir la instrucción a la “falta de colaboración de los responsables del Ayuntamiento de Valdemoro a la hora de atender los requerimientos de documentación que se han realizado de manera «constante», lo que impide «que se haya podido determinar qué personas habrían estado participando en los hechos».

Para dilucidar este extremo, Anticorrupción solicitó al juez una serie de diligencias, si bien el magistrado ha aplicado un “criterio restrictivo” al considerar que algunas de esas “peticiones innovadoras (…) contienen un objeto desmesuradamente amplio y desconectado con los hechos investigados» y «se fundamentan, más que en indicios, en sospechas”.