Funcionarios del Ayuntamiento trabajaban bajo las amenazas de Granados y Marjaliza

Varios funcionarios del Ayuntamiento de Valdemoro prestaron declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en los interrogatorios del caso Púnica . Los trabajadores manifestaron que tanto Francisco Granados como su socio, el constructor David Marjaliza, los habían tenido amenazados obligándoles a actuar bajo presión.

Así lo manifestó Montserrat Pacheco, funcionaria del Ayuntamiento de Valdemoro, que aunque anteriormente había declarado ante la Guardia Civil que no había sufrido presiones, reconocía ante el juez Velasco que “nos citaban en su despacho y nos decían que había que agilizar la tramitación y sacar determinados expedientes o no cobrábamos”. De hecho, fue esta misma funcionaria la encargada de custodiar personalmente la licencia de obra de la mansión de 1.000 m2 que supuestamente iba a ser para Granados, pero que nunca llegó a figurar a su nombre.

Por su parte, Juan Fernando Prado, exconcejal de cultura, también declaró haber tenido encargos peliagudos, como pagar facturas a Alejandro de Pedro, empresario implicado en la trama. Cuando el funcionario manifestó al Alcalde sus dudas acerca de las facturas presentadas y que no se podían pagar, el Alcalde le respondió “intentan que lo hagan y si no, no se hace, porque al final esta mierda me va a saltar a mi”.

La operación Púnica es el nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO)​ de la Guardia Civil a instancias del juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco por la que el 27 de octubre de 2014, fueron detenidos por la Guardia Civil 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales.